Refuerzo de asistencia social y alerta política: la eterna vigilia de diciembre

Un intendente peronista del GBA dice desde hace semanas que se han venido desplegando todos los recursos –locales, provinciales y nacionales, desde alimentos hasta refuerzo de planes- para tener un fin de año en paz. Tiene, se supone, registro directo sobre el clima social. Algo parecido dicen jefes territoriales del oficialismo. El gobierno bonaerense monitorea la situación permanentemente en base a esas terminales políticas y suma la relación con movimientos piqueteros orgánicos, con organizaciones solidarias de diverso origen y centros religiosos. Con todo, no hay distensión posible: la larga vigilia previa a la Navidad se repite este diciembre.

Dos recientes relevamientos, el último de la UCA y el anterior de Unicef, describen la situación en números: un tercio de la población bajo la línea de pobreza, con especial impacto en chicos y adolescentes, y una realidad de arrastre, profunda, que es la pobreza estructural consolidada. El agravamiento de la situación económica y social no encendió las prevenciones recién ahora, con diciembre casi jugado. La demanda de asistencia fue creciente, sobre todo desde mediados de año. Desde ese momento la atención habría sido mayor.

Ese último dato representa el mayor indicador leído en medios políticos bonaerenses. Nadie descarta episodios aislados, incluso provocados, aunque la esperanza está puesta en que no haya picos de tensión o de violencia, saqueos. Pero, admiten en La Plata, la semana que viene activará todos los sensores.

El despliegue que exponen en el gobierno provincial habla, grafica, la propia magnitud de la situación social. Ocurre algo similar a escala municipal, especialmente en el Gran Buenos Aires. Y por supuesto tiene expresión nacional: no sólo se trata de la gestión de Carolina Stanley en Desarrollo Social, sino además de las líneas de negociación que se mantienen activas para contener el frente sindical.

Hubo en la relación con los jefes gremiales un objetivo doble, a la vez básico, que de algún modo se replicó y amplió en la provincia: dar una señal también a los sectores asalariados y atenuar algo la caída del consumo.

La erosión de los salarios, la interna sindical y el reacomodamiento ministerialperfilaban un panorama crítico después del último paro de la CGT y en medio de las presiones, especialmente del moyanismo y sus aliados, para repetir y ampliar la medida de fuerza. Jorge Triaca estaba ya en proceso de salida y Dante Sica, que había visto frustrado un primer intento de convocatoria a los jefes cegetistas, comenzaba a afirmarse en su cargo.

En ese contexto, terminó de definirse en el Gobierno el impulso de un bono salarial, que tuvo diferente acatamiento en la actividad privada y versiones distintas con los estatales, atadas a la negociación salarial. Permitió descomprimir o, en rigor, dio margen para la reapertura de paritarias en continuado. Los arreglos en torno del 40 por ciento, aún por debajo de la inflación, se extendieron a muchos de los principales gremios. Esa línea de renegociación salarial marca el fin de año sindical.

En Buenos Aires, María Eugenia Vidal se vio obligada a mover sus fichas en varias mesas. La negociación del Presupuesto nacional con el PJ de los gobernadores había esmerilado sus propias proyecciones de números. Cerró trato finalmente para compensar por otras vías –sólo se conoce y en parte el compromiso nacional en materia de obras públicas- la carga que representa el traslado de servicios subsidios a la provincia.

Después, cerró el presupuesto propio y ajustó el nivel de endeudamiento provincial, que logró aprobar en la Legislatura como expresión de un acuerdo tejido con las distintas vertientes del peronismo provincial y, más precisamente, con los intendentes. Más compleja es la relación con los gremios estatales de la provincia, aunque logró acordar con parte de ese conglomerado. En cambio, sumó un año entero de conflicto con los docentes.

En ese contexto, los anuncios sobre un bono para el universo de empleados de la administración provincial y docentes –más de 600 mil en conjunto- y jubilados bonaerenses se anotaron en la línea de atemperar en parte el impacto de la crisis sobre los salarios y, claro, el consumo.

Las cifras bonaerenses son monumentales, como sus carencias. Una parte central del presupuesto a cargo del ministerio que encabeza Stanley está destinado a la provincia. La constante negociación con movimientos sociales es una parte, quizá la más visible, de ese cuadro, donde abundan las pinceladas políticas. Pero no son los únicos participantes, menos aún en Buenos Aires.

Una idea de número la da el plan Más Vida, que alcanza a unas 500 mil personas. Hubo que reforzarlo. Hay además otras líneas, básicamente alimentarias, que atienden a un universo más amplio. Y las conversaciones tienen protagonistas diferentes: intendentes, movimientos piqueteros, cooperadoras, organizaciones comunitarias, comedores sociales, referentes religiosos.

Algunos dirigentes de movimientos piqueteros advirtieron en los últimos días sobre los riesgos de mayor conflictividad en lo que resta del año. Un mensaje de riesgo. En medios del oficialismo creen que eso sería parte de la pulseada por los planes. Y evalúan una situación de menor tensión. Los intendentes, en general, apuntan en la misma dirección: tienen la responsabilidad final en sus territorios. La crisis sigue tensionando cada diciembre.

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