Un proyecto de ordenanza redactado por el concejal Julio Pasqualin y presentado con la firma de otros dos miembros de Juntos por el Cambio, promete instalar localmente el debate nacional en torno al cultivo de cannabis. Buscan facultar al Ejecutivo Municipal para suscribir convenios en el marco de la Ley nacional 27.350.
El concejal Julio Pasqualin, miembro del bloque de Juntos por el Cambio (JxC), impulsa un proyecto de ordenanza que –entre otras cosas– busca facultar al Departamento Ejecutivo Municipal para suscribir convenios en el marco de la Ley nacional 27.350, norma referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. La iniciativa ya fue presentada por Mesa de Entradas del Concejo Deliberante, sumó las firmas (además de la de Pasqualin) de Danilo Petroni y Sergio Ponce, también concejales de JxC, y tomará estado parlamentario en la primera sesión ordinaria del año, prevista para el jueves de la semana próxima, 12 de marzo.
Según explicó a EL NORTE, Pasqualin no espera una sanción inmediata de su proyecto e incluso se entusiasma con la posibilidad de que sea prenda de consensos y objeto de diversos aportes en las comisiones por las que pase el expediente, provenientes tanto de la oposición, como del Ejecutivo o de otros actores sociales interesados en la cuestión.
La ley 27.350 establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud. Mediante esa normativa de alcance nacional reglamentada en 2017, se creó el Programa Nacional para el estudio y la investigación de uso medicinal de la planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales, en la órbita del Ministerio de Salud. Ese mismo año el Ministerio de Salud dictó una resolución por medio de la cual se detallaron los requisitos de inscripción al «Registro Nacional de Pacientes» (y sus familiares, que deseen incorporarse al programa). Por su parte, el Ministerio de Seguridad estableció las condiciones de habilitación en materia de seguridad de los predios e instalaciones de cultivo de cannabis a los fines previstos por la ley. Mediante su Ley 14.924, la provincia de Buenos Aires adhirió al marco regulatorio nacional.
Medidas locales
Entre las consideraciones que dan fundamento a su proyecto, el radical Pasqualin apuntó esos y otros antecedentes, antes de proponer una serie de acciones para el ámbito local. Su proyecto pretende autorizar al Departamento Ejecutivo a suscribir convenios en el marco del Programa Nacional para el estudio y la investigación de uso medicinal de la planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales, así como a «realizar todas las gestiones necesarias para que el municipio de San Nicolás obtenga la autorización para cultivar cannabis a los fines del mencionado Programa». Como consecuencia de tales convenios, el autor de la iniciativa prevé también que el Concejo Deliberante autorice al Ejecutivo local a «desarrollar el primer Cultivo Comunitario de Cannabis con fines medicinales y de investigación científica». “La eventual autorización es siempre en el marco del estricto cumplimiento de toda normativa legal vigente que regule el tema en cuestión”, advierte Pasqualin. En tanto, un tercer artículo del proyecto apunta a la creación de un «Consejo Consultivo del Cannabis Medicinal», cuya finalidad sería la de «velar por la transparencia de las acciones emprendidas y garantizar el cumplimiento de los derechos de la población en los términos de acceso a la salud, y la articulación con el Consejo Consultivo Honorario creado por el artículo n°9 de la Ley Nacional N° 27.350».
EL NORTE