A más de una semana del comienzo de una huelga de hambre que ya alcanza al 20 por ciento de la población carcelaria bonaerense, el gobernador Axel Kicillof creó por decreto una mesa de diálogo entre diferentes sectores vinculados a la ejecución penal y los derechos humanos, para otorgar excarcelaciones que así lo examine la justicia y descomprimir la situación en las unidades penitenciarias.
A efectos de atenuar el hacinamiento en las cárceles, calificado por la Justicia como una «crisis humanitaria», el objetivo no es la liberación lisa y llana de los detenidos, sino una evaluación de aquellos casos en los que los procesos podrían continuar con los acusados en libertad, así como una flexibilización para los detenidos que cumplan determinadas condiciones de conducta y tipo de delito que podrían beneficiarse con la figura de la prisión domiciliaria y las salidas transitorias.
Kicillof ya había admitido en su discurso de asunción, que en las 57 cárceles provinciales hay «severos problemas de derechos tan básicos como la salud y la alimentación que generan situaciones muy duras, inhumanas». Es para evitar las críticas y sobre todo el costo político, que el mandatario buscará convocar a representantes de la Justicia, de las fuerzas de seguridad y de organismos intermedios para abordar soluciones de forma conjunta, y quiere hacerlo de forma inmediata para evitar motines en las cárceles y porque en su equipo consideran que el problema penitenciario solo puede abordarse en el inicio de la gestión.
La realidad es que a pesar de que la situación de las unidades carcelarias es penosa desde hace varios años, la crisis actual es heredada, que provocó el gobierno de María Eugenia Vidal, por el retraso en los pagos a los proveedores de alimentos, que decidieron cortar con la provisión de mercaderías hasta que se regularice la situación.
Huelga en Pabellón 4
Diego Meigich, presidiario delegado dentro de la Unidad Penal N° 3, dialogó con Javier Tisera por Radio U, en el programa matutito Primeros Temas, y expresó: “Seguimos manifestando nuestro reclamo, porque queremos recuperar nuestros derechos y garantías. No queremos una justicia lenta como la que tenemos hoy”.
“Ya denunciamos muchas irregularidades y violaciones de derechos. Nuestro mayor reclamo es para con la justicia. Aunque la sociedad no lo crea, hay mucha gente injustamente privada de su libertad”, Meigich presentó un `hábeas corpus´ al distrito judicial de San Nicolás, denunciando a los jueces y a la defensoría general por abandono de personas.
“Hay chicos que llevan dos años y ocho meses presos, cuatro o cinco años procesados sin sentencia firme. Cumpliendo condenas anticipadas, sin habérselos declarado como inocentes o culpables, es una aberración”, haciendo alusión a las preventivas largas e inadecuadas que teóricamente existen y ocupan más del 60 por ciento de los casos en todo el país.
El reclamo puntual es contra la justicia por la falta de eficiencia: “tenemos una policía adicta al poder, si los narcotraficantes no negocian con ciertos sectores no podrían seguir haciendo sus negocios, existe una connivencia que la sabemos todos”, denunció Meigich.
Además, trazó: “No echamos la culpa al Servicio Penitenciario, acá el problema es de la justicia, una justicia lenta y en connivencia con los sectores de poder. Que la sociedad no se equivoque, el servicio penitenciario está para cuidarnos, los jueces y fiscales son los que se equivocan”, y apuntó: “los perejiles están presos y los narcos en las calles”.
La mesa de diálogo está prevista entre el 19 y 20 de diciembre, para debatir estas problemáticas: “desde la delegación de San Nicolás, vamos a pedir a Asuntos Internos de la Nación, que intervenga en la situación local”, marcó quien será el representante de la UP3, residente del pabellón N°4, en el encuentro ya firmado por el gobernador.Para finalizar, contó que habría muchos detenidos por pocos gramos de marihuana o cocaína, y volvió a manifestarse contra el Poder Judicial, tratándolo de “mafia judicial”.Julio Alak, ministro de justicia de Axel Kicillof, se reunió con jefes del Servicio Penitenciario para llevar tranquilidad a los directivos: “El gobernador firmó un decreto para que se constituyan las mesas de diálogo pertinentes, y se esclarezcan las situaciones procesales tanto como los reclamos por los derechos de los condenados”.
EL NORTE