MARÍA EUGENIA MAIZTEGUI: “NO CEDIMOS A NINGUNA EXIGENCIA QUE NO CORRESPONDIERA”

En el lugar se hicieron presentes la juez María Eugenia Maiztegui, la Fiscal General Sandra Bicetti, el fiscal Julio Tanús y el Juez Anselmo González. En tanto el director de la Unidad Penal, prefecto mayor Abel Ramírez, encabezó junto a Policía de Investigaciones y autoridades judiciales la negociación con los amotinados, que pedían «garantías» en su «integridad física» para deponer su actitud.

Finalmente alrededor de las 18.30 los amotinados se entregaron y fueron liberados los rehenes: el agente penitenciario Eliseo Ticona; el médico de turno, doctor Salazar; y el enfermero Walter Aguirre. No sufrieron ningún corte o herida, pero recibieron asistencia psicológica por el «shock emocional» de lo vivido.

En diálogo con EL NORTE la Juez de Garantías Dra. María Eugenia Maiztegui, quien encabezó las negociaciones con los reclusos amotinados, comentó lo vivido: “Me llaman paralelamente de la unidad penal informándome de la situación, yo soy juez de Garantías, estoy a cargo de los tres juzgados de Garantías, entre ellos el juzgado de Garantías Nro.1 que tramita la causa nueva que tienen estos internos, y a su vez me pone en conocimiento la Fiscalía de turno. Me apersono en la Unidad Penal y me pongo al tanto de lo que estaba ocurriendo. En las oficinas permanecieron las fiscal interina Dra. Bicetti, con la instructora de turno, quienes organizaron perímetros con la policía departamental y DDI ya que no tenía ninguna de la causas de los internos amotinados, por lo que estuvieron dando instrucciones de la procuración”.

A dialogar con los amotinados fueron la jueza acompañada de dos funcionarios judiciales más “Los que fuimos a la zona del conflicto, por llamarlo de alguna manera, fueron el fiscal de la causa el Dr. Julio Tanús, el juez de Ejecución Dr. Anselmo González y yo. Hablamos con los detenidos a través de las rejas. Ellos estaban de un lado con los rehenes, con facas de fabricación casera. Del otro lado estábamos personal del servicio penitenciario y funcionarios judiciales. Esto sucedió en el sector sanidad, en el primer piso”, explicó la magistrado.

Acerca de lo que pedían los reclusos explicó: “Cuando llegué ya había visto los videos viralizados, tanto en televisión y redes sociales y algunos de los reclamos que se veían no fueron los que nos hicieron a nosotros. Cuando yo llegué lo que ellos querían era que se investigara la causa nueva que tienen, no por la que están detenidos, sino otra por las que se les ordenó una nueva detención. Pedían que se hicieran las pruebas urgentes porque decían que los perjudicaba que no se estuvieran haciendo en ese momento. Además expresaron que con los otros internos estaban sufriendo una mala situación adentro de la unidad penal a partir de esta denuncia y temían por su integridad física, por lo que querían ser trasladados a otra unidad”.

El nuevo delito por el que se imputa a los tres reclusos sampedrinos es un aparente abuso sexual a otro preso.

“A partir de ahí lo que piden es la seguridad de que serían trasladados al lugar donde el servicio penitenciario había dicho que serían trasladados, que es la Unidad Penal 41 de Campana, también querían ver a su familia que estaba afuera de la unidad penal. Primero pedían que entraran los periodistas, pero cuando vieron que había dos jueces y un fiscal se dieron cuenta que no era necesario. Yo había hablado previamente con su abogado, que estaba afuera de la unidad penal, y me aseguró que se iban a presentar las medidas de prueba que ofrecían sobre el delito que se les imputaba. Nosotros todo el tiempo les decíamos que entregaran las armas y que liberaran a los detenidos”. contó Maiztegui.

Lo que desde el juzgado quieren aclarar es que a los detenidos no se les dio nada que no correspondiera ni que no se vaya a hacer y que la única exigencia que efectuaron fuera de lugar no se les concedió.

“Me interesa aclarar en particular que a los presos no se les dio ninguna exigencia que no correspondiera, porque ante una situación de conflicto cometido dentro de una unidad penal siempre se ordena el traslado a otro penal, y los jueces estábamos dando la autorización para el traslado. Lo de ver las visitas antes de irse es común y que se estudie la causa y que se hagan las pruebas no es una exigencia que vayamos a hacer porque nos la pidan ellos sino porque es lo que nos corresponde tanto al fiscal como al Juez. La exigencia que pedían y que no accedimos fue que querían ver a la familia ahí dentro de sanidad en el penal y nosotros no aceptamos eso. Nos pusimos firmes que no se haría de ninguna manera porque tendríamos que abrir las rejas con los detenidos ahí y nos pondríamos en peligro tanto nosotros, como el servicio penitenciario y sus familiares, generándose una situación conflictiva. Sobre eso estuvimos trabajando bastante tiempo. Les aseguramos que tengan la tranquilidad que ante dos jueces y un fiscal no iban a sufrir ninguna represalia por su actitud”, aclaró.

DIARIO EL NORTE